El Gobierno presentó un informe ambiental que avala la construcción de las represas en Santa Cruz

En vísperas de la gira que realizará el presidente Mauricio Macri por China, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación aprobó un documento ambiental preliminar que avala la construcción de las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” en Santa Cruz.

Según el informe del ministerio que dirige el rabino Sergio Bergman, "no hay impedimento alguno para avanzar” con las obras, que fueron adjudicadas a la compañía constructora Gezhuoba Group Corporation y cuenta con un financiamiento de 4.000 millones de dólares provenientes de capitales chinos.

El documento oficial, que será elevado al presidente Macri, está centrado en la resolución de tres temas críticos: el caudal ecológico, la supervivencia del macá tobiano (ave en mayor peligro de extinción) y la lamprea (una especie de pez). De esta manera, los próximos estudios de mitigación y compensación no impedirán que se avancen ahora los contratos con China.

"Este trabajo es una herramienta para una decisión política sobre bases serias y ancladas en un estudio que es el que se entregó y luego será analizado, debatido y discutido en las audiencias y conforme a lo que pide la Corte", le dijo un funcionario de la Casa Rosada a Infobae.

Macri estaba urgido por conocer el resultado antes de viajar a China ya que para el gobierno de Xi Jinping la construcción de las represas es uno de los proyectos más ambiciosos que hasta ahora tienen en el país. Hace no más de un mes, la diplomacia China había expresado al gobierno nacional su preocupación por el atraso que tenía el informe ambiental de las represas. No fue el único escollo que debió sortear la administración de Xi Jinping. Por pedido de Macri, el año pasado China tuvo que aceptar cambios en el contrato original que había cerrado Cristina Kirchner antes de dejar el poder. De esta manera, con los cambios incorporados al nuevo acuerdo las represas no tendrán 11 turbinas, como estaba previsto originalmente, sino ocho, para evitar que la potencia impacte en el ambiente; se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones; se aplazarán los tiempos de ejecución y la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país. Estado nacional sin embargo, mantendrá la propiedad de las obras. Éste es el nudo del acuerdo técnico que se alcanzó.


El proyecto de la discordia

La represas hidroeléctricas, que fueron presentadas por el kirchnerismo y ahora rediseñadas por la gestión de Cambiemos, es resistida por organizaciones ambientalistas y grupos cuidados que sostienen que no sólo será ineficiente en términos energéticos sino que además producirá impactos irreversibles en el ecosistema del Río Santa Cruz.

Por esta razón, su construcción se encuentra paralizada desde diciembre del año pasado cuando, por pedido de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), la Corte Suprema dictó una medida cautelar hasta que se concluya un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

“El Gobierno apoya la realización de las obras de las represas poniendo en riesgo el Río Santa Cruz, el Lago Argentino, los Glaciares Perito Moreno, Spegazzini, Upsala y el Parque Nacional Los Glaciares”, sostuvo la AAdeAA.

Un grupo de ciudadanos de la Patagonia, que junta firmas por www.change.org para evitar el avance de las obras, por su parte manifestó que las represas “tienen un alto impacto sobre el ambiente natural y una escasa vida útil por acumulación de sedimentos”, por lo que es erróneo calificarlas como una fuente de energía sustentable.

“El río dejaría bajo el agua valiosísima información acerca de la historia glaciológica del área que es, además, una zona de gran importancia para nuestros antepasados Tehuelches y se encuentra llena de sus herramientas y restos”, sostuvieron.

Según Vida Silvestre, la productividad o factor de planta de las represas de Santa Cruz sería del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%), y sólo el 43% de la energía que generarían podría ser aprovechada. “Para aprovechar el 100% de la energía, se requiere construir tendidos eléctricos calculados en unos 2.000 millones de dólares, haciendo económicamente inviable el proyecto”, sostiene la ONG.

Una vez terminado el nuevo Estudio de Impacto Ambiental, los resultados deberán ser enviados al Congreso de la Nación para ser presentados y tratados en audiencia pública.

Fuente: Infobae / La Nación / Foro Ambiental (15.05.17)

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